Acceso a la Información Pública

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En nuestros días es mayor el número de personas que requieren información de acceso público, lo que representa un hecho importante en el proceso de mejora de la atención ya que en función de ello se trata de corregir errores con el propósito de perfeccionar cada vez más este proceso. Un ejemplo de ello lo constituye el Gobierno Abierto donde el ciudadano tiene ocasión de conocer lo que sucede en la gestión pública gracias a la transparencia.

Antecedentes[editar | editar código]

Acceso información.png

El principio de transparencia se encuentra implícito en el Estado democrático y social de Derecho y en la fórmula republicana de gobierno a que aluden los Artículos 3°, 43° y 45° de la Constitución Política del Perú. Ahí donde el poder emana del pueblo, este debe ejercerse no solo en nombre del pueblo sino para el pueblo, conforme a lo dispuesto en el referido Artículo 45°.<ref>Presidencia del Consejo de Ministros. Secretaría de Gestión Pública 2014. Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales. Fascículo N° 2. Acceso a la información pública.</ref>

La Constitución Política del Perú en su artículo 2 inciso 5), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) reconocen el derecho de acceso a la Información pública, es recién a partir del año 2001 que el Gobierno evidenció su firme voluntad de avanzar hacia una cultura de transparencia en nuestro país.

Esta voluntad se puso de manifiesto a partir de la dación del Decreto Supremo que fue publicado el 27 de febrero del 2001, mediante el cual se diseñó un procedimiento especial para que las personas pudieran acceder a la información, el que se caracterizó por tratar de ser expeditivo y garantista, ese mismo año el gobierno emitió un Decreto de Urgencia que reguló el acceso ciudadano a la información sobre finanzas públicas. Siguiendo en esa línea de buscar transparencia en los actos del Estado, en el año 2002 el Gobierno del Perú dio un paso importante para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada, a través de la promulgación de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia en enero del 2003. En febrero del año 2013, mediante la Ley N° 27927 se hicieron algunas modificaciones de esta ley y en el mes de abril del mismo año, mediante un Decreto Supremo se aprueba el Texto único ordenado de la ley 27806 modificada por la Ley 27927. En el año 2017, mediante Decreto Legislativo 1353 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y asimismo se dictan algunas modificaciones al TUO de la Ley 27806, buscando que el procedimiento de atención sea más ágil y eficiente y permita al ciudadano ejercer su derecho de acceso a la información y de igual manera ejercer su rol fiscalizador de las acciones que desarrolla el estado.

Una de las manifestaciones del principio de transparencia es, sin duda, el derecho de acceso a la información pública, como concreción de las libertades informativas de las que goza toda persona. <ref>Caso Casas Chardón, Exp. N.° 4407-2007-PHD/TC, f. 28.</ref>

En el año 2002 se emitió la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública, publicada el 3 de agosto del 2002, que entró en vigencia en enero del 2003. La ley contenía varios aspectos positivos; sin embargo, introdujo ciertas restricciones que condujeron a que la Defensoría del Pueblo interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra algunos de sus dispositivos. Debido a tales cuestionamientos el Congreso de la República, para evitar que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, decidió reformarla a través de la Ley No 27927, publicada el 4 de febrero del 2003. Este Texto Unico Ordenado (TUO) de la ley 27806 modificada por la Ley 27927 fue publicado el 24 de abril del 2003, ha sido fruto de un trabajo singular en el Congreso de la República, pues para su elaboración recibió y acogió sugerencias procedentes de diversas instituciones. A nivel de la sociedad civil, por ejemplo, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad formularon importantes aportes. Asimismo, la Defensoría del Pueblo contribuyó a este esfuerzo con diversos informes y opiniones remitidos al Congreso de la República. Todo ello ha hecho que se trate de una norma que fomenta el acceso ciudadano a la información y la transparencia en las entidades públicas. Precisamente por ello, muchas de sus disposiciones han tratado de ser bastante detalladas, pues se ha pretendido impedir que la «cultura del secreto» pueda ampararse en normas poco claras e imprecisas. La primera disposición transitoria, complementaria y final de la Ley dispuso que el Poder Ejecutivo debería elaborar su Reglamento en un plazo no mayor de noventa días. A nuestro juicio, no resultaba indispensable dictar un reglamento pues la Ley es lo suficientemente precisa; sin embargo se optó porque exista uno. De esta manera, se dictó el Decreto Supremo No 072-2003-PCM, publicado el 7 de agosto del 2003, reglamentándose así la Ley de transparencia y acceso a la información pública.

Definiciones[editar | editar código]

Acceso a la información: Derecho que tiene toda persona de requerir, adquirir y utilizar información reunida o producida por otros en un tiempo determinado.<ref>Guía práctica sobre Transparencia y el Acceso a la Información Pública</ref>

Información de acceso público: Es aquella que genera o produce una entidad pública en el ejercicio de sus funciones.

Derecho de acceso a la información Pública: En el Perú es un derecho consagrado en la Constitución Política, que tiene toda persona a solicitar y recibir información pública y asimismo está regulado por la Ley N° 27806, Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificaciones conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Designación de Funcionario Responsable de entregar Información de Acceso Público[editar | editar código]

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27806, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, es obligación de la máxima autoridad de la entidad designar, mediante Resolución, al funcionario responsable de entregar la información de acceso público.

Procedimiento de Acceso a la Información Pública[editar | editar código]

Véase Procedimiento de Acceso a la Información Pública

Esquema de atención de solicitudes[editar | editar código]

Procedimiento Transparencia

Indicaciones de Uso del Formulario Electrónico[editar | editar código]

Véase Indicaciones de Uso del Formulario Electrónico

Formulario de Acceso a la Información Pública[editar | editar código]

Véase Formulario de Acceso a la Información Pública

Casos de solicitud[editar | editar código]

Es importante considerar algunas condiciones para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Aquí se estiman algunos casos:


Caso 1: LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES DE ACCESO PÚBLICO.

Caso típico de solicitud de información de acceso público

Ejemplo: Solicitud del ciudadano: Copia simple del Reglamento de Organización y funciones del Instituto Nacional de Salud, vigente al año.

En este caso se brinda la información, la misma que se encuentra de libre acceso en la página web del Instituto Nacional de Salud. Si bien el ciudadano ha solicitado en copia simple, también se le informa que puede acceder gratuitamente a través del enlace electrónico. Es decisión del ciudadano acceder a la copia o al archivo electrónico.


Caso 2: SOLICITUD QUE REQUIERE MAYOR PRECISIÓN DEL PEDIDO.

Cuando el ciudadano no consigna algunos datos o precisiones de la información que solicita, que permitan hacer una búsqueda de la información.

Ejemplo: Solicitud del ciudadano: Desnutrición crónica en niñas, niños y adolescentes, por departamento, distrito, sexo y rango de edad. Anemia en niñas, niños y adolescentes, por departamento, distrito, sexo y rango de edad.

En este caso se requiere rangos de fechas, porque de lo contrario resulta impreciso.

El ciudadano contesta vía correo electrónico la precisión, quedando la redacción del pedido de la siguiente manera:

  • Porcentaje de desnutrición crónica en menores de 5 años de edad, desagregada por departamento, distrito y sexo, para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
  • Porcentaje de desnutrición crónica en menores de edad (menor a 18 años de edad), desagregada por departamento, distrito y sexo, , para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
  • Porcentaje y/o proporción de anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses de edad, desagregada por departamento, distrito y sexo, para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
  • Porcentaje y/o proporción de anemia en menores de edad (menor a 18 años de edad), desagregada por departamento, distrito y sexo, para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.


Caso 3: SOLICITUD QUE SE REFIERE A INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS EXCEPCIONES DE LA LEY.

Ejemplo: Solicitud del ciudadano: Estudio completo realizado en 39 comunidades de las Cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en relación a la publicación: Estudio Toxicológico-Epidemiológico revela preocupante contaminación en personas, agua y peces.

En este caso, la información es denegada por que aún no se cuenta con informe final, y por lo tanto se encuentra dentro de los alcances de las excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial, establecida en el numeral 1 artículo 17° del TUO de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


Caso 4: SOLICITUD QUE NO CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y REQUIERE SER ENCAUSADA A LA INSTANCIA QUE DEBE ATENDER EL PEDIDO.

Ejemplo:

  1. Estadística sobre nivel de ansiedad, estrés y autoestima en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Lima.
  2. Tasa de incidencia de los últimos 30 años de tuberculosis por regiones. Información de la vigilancia epidemiologia de tuberculosis.

En el caso que el INS no sea la entidad competente, encausa la solicitud hacia la entidad obligada o hacia la que posea la información en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

En el mismo plazo se pone en conocimiento el encausamiento al solicitante, lo cual puede ser por escrito o por cualquier otro medio electrónico o telefónico, siempre que se deje constancia de dicho acto. En este caso, el plazo para atender la solicitud se computa a partir de la recepción por la entidad competente.

Material de apoyo[editar | editar código]

La Información Pública es aquella información producida con presupuesto del estado. En este Video Saber, la Lic. Gloria Aragonés del Instituto Nacional de Salud, nos brindará mayor información sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Preguntas frecuentes[editar | editar código]

  • ¿Quiénes pueden solicitar información pública?

Cualquier persona que requiere información de la entidad pública.


  • ¿Cuál es la forma de presentar la solicitud a la entidad pública?
  • Forma virtual:
A través del formato virtual del Portal Web Institucional del INS, al cual puedes acceder en el siguiente enlace: Formulario
  • Forma presencial:
Una solicitud simple a través de Mesa de Partes de cualquiera de nuestras cuatro sedes Institucionales: Sede Central, Sede CENAN, Sede Chorrillos y Sede Censopas, podrás presentar el Formulario T-01 - Solicitud de Acceso a la Información Pública, debidamente llenado o un escrito que cumpla con los requisitos contemplados en el Artículo 10º de la Ley.


  • ¿Qué datos se debe consignar en la solicitud virtual o presencial?

Es necesario que la solicitud complete los siguientes datos:

  • Nombres, apellidos completos, documento de identidad y domicilio.
  • De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico.
  • Firma del solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar impedido.
  • Expresión concreta y precisa del pedido de información.
  • En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la información, deberá indicarlo en la solicitud.
  • Precisar la forma de entrega de la información: copia fotostática, CD, correo electrónico u otro medio.


  • ¿Es obligatorio la identificación?

Si, es necesario identificarse ya sea persona natural o jurídica.


  • ¿Es requisito fundamentar la solicitud o expresar los motivos por los cuales se necesita la Información Pública?

No es necesario expresar el motivo por el cual pide la información, conforme lo establece el Artículo 7° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en ningún caso se exige la expresión de causa para el ejercicio de este derecho.


  • ¿Cuánto tiempo es el plazo de respuesta de la solicitud?

La institución debe atender la solicitud en un plazo máximo de 10 días hábiles.


  • ¿Qué sucede si la institución no responde dentro del plazo?

El solicitante puede entender denegado su pedido y está en su derecho de apelar ante el Tribunal de Acceso a la Información Pública.


  • ¿Qué información se puede solicitar?

Se puede solicitar la información que considere el solicitante, sin embargo la Institución tiene la obligación de verificar que la información solicitada es de acceso público, de lo contrario se le contestará al ciudadano que la información solicitada se encuentra dentro de las excepciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


  • ¿Qué información está exceptuada de ser de acceso público?

Están exceptuadas aquellas que se encuentren en el marco de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

  • Información secreta
  • Información reservada
  • Información confidencial

Asimismo no es de acceso público, la información contenida en los correos electrónicos o en aplicaciones de mensajerías de los funcionarios públicos, según lo dispone el artículo 16-A del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


  • ¿Tiene algún costo la solicitud, pago de tasa o derecho de tramitación?

Solicitar información de acceso público no tiene ningún costo. De ser el caso, el solicitante solo tiene que asumir el costo de la reproducción de la información solicitada, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Instituto Nacional de Salud:

  • Vía correo electrónico: Gratuito
  • Copia simple o copia autenticada por Fedatario: 0.11% de la UIT
  • CD: 0.079% de la UIT


  • ¿Los ingresos o remuneraciones de los servidores están considerados como información confidencial?

Para el caso particular de la publicación de las remuneraciones de funcionarios y servidores públicos, pese a ser un “ingreso económico” y, en consecuencia, un dato sensible, este sí es factible de publicación en razón a lo siguiente:

  • Existe una ley que autoriza su publicidad: la ley de transparencia y acceso a la información pública.
  • Es de interés público.

En ese sentido, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificado por el Decreto Supremo 070-2013-PCM, establece la obligación de la publicación detallada de todos los ingresos de los funcionarios y servidores públicos, sin importar el régimen por el cual brinden servicios al Estado. Si bien la Ley de Protección de Datos Personales - LPDP indica que los “ingresos económicos” constituyen “datos sensibles” (LPDP, art. 2.5), podría pretenderse interpretar que siendo las remuneraciones de las personas que prestan servicios en las entidades públicas un “ingreso económico”, este debiera ser tratado como un dato sensible y no publicarse en los portales de transparencia estándar. Sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las remuneraciones y beneficios del personal en general de las entidades públicas deben ser publicadas en el Portal de Transparencia (LTAIP, art. 5.2 y 25.3). Por tanto, esta ley autoriza la publicidad de las remuneraciones. Ello es reforzado por lo establecido en la propia Ley de Protección de Datos Personales: “Aun cuando no mediara el consentimiento del titular, el tratamiento de datos sensibles puede efectuarse cuando la ley lo autorice, siempre que ello atienda a motivos importantes de interés público” (LPDP, art. 13.6). El conocimiento de las remuneraciones de las funcionarias, funcionarios, servidores y servidoras de las entidades del Estado es uno de los medios más adecuados para controlar posibles actos de corrupción, no existiendo otro que posibilite a la sociedad el escrutinio de modo más inmediato, directo y fidedigno, de su conducta económica. En esta línea de razonamiento, el Tribunal Constitucional 2 ha reconocido que: “…uno de los mecanismos más efectivos de prevención de la lucha contra la corrupción es la publicación periódica, detallada y completa de los ingresos y rentas de los funcionarios y servidores públicos, ya que, al estar disponible dicha información, los incentivos para malversar los fondos públicos disminuirían considerablemente ante la amenaza de ser descubierto; ya no solamente por las autoridades gubernamentales encargadas de procesar, almacenar y fiscalizar dicha información, o por las autoridades jurisdiccionales correspondientes; sino por cualquier persona interesada en obtener dicha información”.<ref>Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</ref>

Estadísticas de Solicitudes[editar | editar código]

Solicitudes de Acceso a la Información Pública ( Ene - Dic 2017)

Estadisticas2017.jpg

Referencias[editar | editar código]

<references />